EL CORREO GALLEGO
La escuela de hoy
El libro de la vergüenza
28.03.2010 En diciembre iniciaron un movimiento imparable por la inclusión educativa de los alumnos con diversidad funcional ·· Nuevas madres coraje han llegado al Congreso con 33 historias reales de discriminación bajo el brazo
J. tiene siete años. Tiene también un trastorno del espectro autista con hiperactividad asociada. Dos días de la semana acude a un colegio ordinario y tres a un centro específico para chicos con autismo, a pesar de que los informes de sus tutores señalan que esa alternancia está frenando su desarrollo. Su colegio no dispone de recursos suficientes para recibirle de lunes a viernes.
J. es el primero de 33 casos recopilados por familias españolas y volcados en un documento de denuncia que dos madres gallegas han hecho llegar al Congreso de los Diputados. El libro rojo de la educación española es un testimonio en primera persona de la discriminación por razón de discapacidad en las aulas y las trabas que invalidan la igualdad de oportunidades regulada en la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, en la Ley Orgánica de Educación y en la propia Constitución española.
Está también la historia de X., de siete años, que empezó a ir al colegio a los tres, pero saliendo de clase media hora antes que sus compañeros y por una puerta diferente cuando se cumplían las horas de auxiliar de Educación Especial asignadas, insuficientes para cubrir toda la jornada. X. también tiene autismo, como Z., que desde Infantil, y pese a la disconformidad de su madre, está interno en un centro de educación especial a 70 kilómetros de su casa y sólo va a las excursiones cuando el colegio permite que ella le acompañe.
A J., de nueve años, las batallas peleadas por su familia ante la Administración le han valido la escolarización en un aula específica dentro de un centro ordinario, pero todavía no puede acceder a las actividades extraescolares: por las tardes, y gracias al programa de apertura de la Junta de Andalucía, acude a otro colegio a clases de patinaje, lejos de sus compañeros de clase.
N. es el número 25 en este libro de la vergüenza. Tiene 14 años, estudia tercero de Secundaria y utiliza un ordenador para escribir porque una parálisis cerebral afecta a sus capacidades motoras. Los exámenes de Matemáticas, Química y Física se han convertido en un obstáculo: tiene que realizarlos a mano y el catálogo de recursos para el apoyo educativo no prevé las necesidades de transcripción.
Las historias de todos ellos están ya en manos de los grupos parlamentarios. El 16 de febrero, cinco madres coraje llegaron al Congreso con la seguridad de saberse defensoras de derechos irrenunciables. Entre ellas, Esther Cuadrado y Cuca da Silva, dos madres gallegas, activistas y blogueras, que a finales de 2009 encendieron en Internet la mecha de un movimiento imparable que llegó a las direcciones de e-mail de todos los cargos públicos con capacidad de decisión en el llamado pacto educativo, reclamando la inclusión de un 10º punto relativo a la igualdad de derechos y las necesidades educativas especiales de los alumnos con diversidad funcional.
Dentro del Pacto de Estado
La campaña consiguió su objetivo y la inclusión educativa se ha hecho hueco en las bases propuestas para el pacto, junto a las medidas para combatir el fracaso escolar, el fomento de las TIC, el fortalecimiento del sistema de becas o la flexibilización de la oferta formativa. No obstante, casualidad o no, ha cedido el 10º puesto y en la última actualización ocupa el 12º y último lugar, tras la entrada de nuevas aportaciones al texto.
Las bases para el pacto, que el ministro de Educación confía en cerrar antes de mayo, incluyen propuestas concretas para "asegurar los recursos de apoyo que los alumnos con discapacidad precisen a lo largo de todas las etapas educativas" y "la cualificación y actualización competencial en la formación inicial y permanente del profesorado (...) para conseguir una mejor atención al alumnado con necesidades educativas especiales".
rlizcano@elcorreogallego.es
NACIONES UNIDAS Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ratificada por España en mayo de 2008)
Artículo 19. Los estados partes (...) reconocen el derecho de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad en igualdad de condiciones, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán las medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho (...) asegurando en especial que (...) las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de (...) servicios de apoyo (...), incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento y separación de ésta.
Artículo 24. (...) asegurarán que (...) las personas con discapacidad puedan acceder a una educación Primaria y Secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan. (...) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad en el marco del sistema general de educación.
ENTREVISTA Ismael Llorens Miembro del Foro de Vida Independiente
"Están ahorrando recursos a costa de derechos fundamentales"
Como miembro del Foro de Vida Independiente y de la red europea ENIL, que bajo el lema Nada sobre nosotros sin nosotros aglutinan los movimientos reivindicativos por la igualdad real de derechos y oportunidades de las personas con diversidad funcional, Ismael Lloréns sigue de cerca la evolución de las conversaciones en las que se perfila el futuro pacto por la educación.
_ ¿La inclusión quedará adecuadamente reflejada en el pacto?
_ Tenemos una sensación un poco ambigua. En los papeles va a quedar bien reflejada, porque la terminología, los planteamientos, la teoría, son buenos. La postura del ministro también lo es, pero es que de cara a la educación inclusiva, las leyes ya las hay, y buenas. Está la LOE, está la Convención de la ONU, la Constitución, las normas de cada comunidad autónoma... El problema es el cumplimiento, y resulta, y ahí viene la otra sensación, la amarga, que se incumple por falta de dotación de recursos. Últimamente se está tendiendo a la segregación, a volver a intentar concentrar a los niños en centros de educación especial, apartándolos del centro ordinario. Ese es el problema, que están haciendo un ahorro de recursos a costa de los derechos fundamentales de estos críos.
_ ¿Se están dando pasos atrás?
_ De una manera muy sutil, porque la ley es la ley, se están negando recursos a los niños. ¿Qué ocurre? Que son pocos los padres que van recurriendo. A lo mejor llegan a los tribunales 1 de cada 100, y se ahorran los recursos de 99 niños. Eso es lo que nos preocupa.
_ ¿Es posible garantizar desde el pacto que los recursos lleguen?
_ Es complicado porque todo esto es voluntad política. En realidad, aunque la iniciativa del ministro es muy buena, hay que tener en cuenta que la educación está transferida prácticamente al 100% a las comunidades. Hay 17 políticas distintas y lo curioso es que, por cierto pacto no escrito, se está haciendo la misma política en Madrid o Valencia, gobernadas por el PP, que en Andalucía, con un gobierno del PSOE. La tendencia es a la restricción, ignorando un derecho fundamental, porque la educación es la base de todo.
Enlace a la noticia: El Correo Gallego
La escuela de hoy
El libro de la vergüenza
28.03.2010 En diciembre iniciaron un movimiento imparable por la inclusión educativa de los alumnos con diversidad funcional ·· Nuevas madres coraje han llegado al Congreso con 33 historias reales de discriminación bajo el brazo
J. tiene siete años. Tiene también un trastorno del espectro autista con hiperactividad asociada. Dos días de la semana acude a un colegio ordinario y tres a un centro específico para chicos con autismo, a pesar de que los informes de sus tutores señalan que esa alternancia está frenando su desarrollo. Su colegio no dispone de recursos suficientes para recibirle de lunes a viernes.
J. es el primero de 33 casos recopilados por familias españolas y volcados en un documento de denuncia que dos madres gallegas han hecho llegar al Congreso de los Diputados. El libro rojo de la educación española es un testimonio en primera persona de la discriminación por razón de discapacidad en las aulas y las trabas que invalidan la igualdad de oportunidades regulada en la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, en la Ley Orgánica de Educación y en la propia Constitución española.
Está también la historia de X., de siete años, que empezó a ir al colegio a los tres, pero saliendo de clase media hora antes que sus compañeros y por una puerta diferente cuando se cumplían las horas de auxiliar de Educación Especial asignadas, insuficientes para cubrir toda la jornada. X. también tiene autismo, como Z., que desde Infantil, y pese a la disconformidad de su madre, está interno en un centro de educación especial a 70 kilómetros de su casa y sólo va a las excursiones cuando el colegio permite que ella le acompañe.
A J., de nueve años, las batallas peleadas por su familia ante la Administración le han valido la escolarización en un aula específica dentro de un centro ordinario, pero todavía no puede acceder a las actividades extraescolares: por las tardes, y gracias al programa de apertura de la Junta de Andalucía, acude a otro colegio a clases de patinaje, lejos de sus compañeros de clase.
N. es el número 25 en este libro de la vergüenza. Tiene 14 años, estudia tercero de Secundaria y utiliza un ordenador para escribir porque una parálisis cerebral afecta a sus capacidades motoras. Los exámenes de Matemáticas, Química y Física se han convertido en un obstáculo: tiene que realizarlos a mano y el catálogo de recursos para el apoyo educativo no prevé las necesidades de transcripción.
Las historias de todos ellos están ya en manos de los grupos parlamentarios. El 16 de febrero, cinco madres coraje llegaron al Congreso con la seguridad de saberse defensoras de derechos irrenunciables. Entre ellas, Esther Cuadrado y Cuca da Silva, dos madres gallegas, activistas y blogueras, que a finales de 2009 encendieron en Internet la mecha de un movimiento imparable que llegó a las direcciones de e-mail de todos los cargos públicos con capacidad de decisión en el llamado pacto educativo, reclamando la inclusión de un 10º punto relativo a la igualdad de derechos y las necesidades educativas especiales de los alumnos con diversidad funcional.
Dentro del Pacto de Estado
La campaña consiguió su objetivo y la inclusión educativa se ha hecho hueco en las bases propuestas para el pacto, junto a las medidas para combatir el fracaso escolar, el fomento de las TIC, el fortalecimiento del sistema de becas o la flexibilización de la oferta formativa. No obstante, casualidad o no, ha cedido el 10º puesto y en la última actualización ocupa el 12º y último lugar, tras la entrada de nuevas aportaciones al texto.
Las bases para el pacto, que el ministro de Educación confía en cerrar antes de mayo, incluyen propuestas concretas para "asegurar los recursos de apoyo que los alumnos con discapacidad precisen a lo largo de todas las etapas educativas" y "la cualificación y actualización competencial en la formación inicial y permanente del profesorado (...) para conseguir una mejor atención al alumnado con necesidades educativas especiales".
rlizcano@elcorreogallego.es
NACIONES UNIDAS Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ratificada por España en mayo de 2008)
Artículo 19. Los estados partes (...) reconocen el derecho de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad en igualdad de condiciones, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán las medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho (...) asegurando en especial que (...) las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de (...) servicios de apoyo (...), incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento y separación de ésta.
Artículo 24. (...) asegurarán que (...) las personas con discapacidad puedan acceder a una educación Primaria y Secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan. (...) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad en el marco del sistema general de educación.
ENTREVISTA Ismael Llorens Miembro del Foro de Vida Independiente
"Están ahorrando recursos a costa de derechos fundamentales"
Como miembro del Foro de Vida Independiente y de la red europea ENIL, que bajo el lema Nada sobre nosotros sin nosotros aglutinan los movimientos reivindicativos por la igualdad real de derechos y oportunidades de las personas con diversidad funcional, Ismael Lloréns sigue de cerca la evolución de las conversaciones en las que se perfila el futuro pacto por la educación.
_ ¿La inclusión quedará adecuadamente reflejada en el pacto?
_ Tenemos una sensación un poco ambigua. En los papeles va a quedar bien reflejada, porque la terminología, los planteamientos, la teoría, son buenos. La postura del ministro también lo es, pero es que de cara a la educación inclusiva, las leyes ya las hay, y buenas. Está la LOE, está la Convención de la ONU, la Constitución, las normas de cada comunidad autónoma... El problema es el cumplimiento, y resulta, y ahí viene la otra sensación, la amarga, que se incumple por falta de dotación de recursos. Últimamente se está tendiendo a la segregación, a volver a intentar concentrar a los niños en centros de educación especial, apartándolos del centro ordinario. Ese es el problema, que están haciendo un ahorro de recursos a costa de los derechos fundamentales de estos críos.
_ ¿Se están dando pasos atrás?
_ De una manera muy sutil, porque la ley es la ley, se están negando recursos a los niños. ¿Qué ocurre? Que son pocos los padres que van recurriendo. A lo mejor llegan a los tribunales 1 de cada 100, y se ahorran los recursos de 99 niños. Eso es lo que nos preocupa.
_ ¿Es posible garantizar desde el pacto que los recursos lleguen?
_ Es complicado porque todo esto es voluntad política. En realidad, aunque la iniciativa del ministro es muy buena, hay que tener en cuenta que la educación está transferida prácticamente al 100% a las comunidades. Hay 17 políticas distintas y lo curioso es que, por cierto pacto no escrito, se está haciendo la misma política en Madrid o Valencia, gobernadas por el PP, que en Andalucía, con un gobierno del PSOE. La tendencia es a la restricción, ignorando un derecho fundamental, porque la educación es la base de todo.
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